Si hemos sufrido daños a consecuencia de la acción u omisión de la Administración Pública, como ciudadanos tenemos el derecho de reclamar, a efectos de poder resarcirnos de los daños ocasionados.

Este es un derecho que nos reconoce la Constitución Española, concretamente en los artículos 24 y 106.2 al establecer que los particulares, en los términos y condiciones que establezca la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes o derechos, salvo en casos de fuerza mayor.

Para exigir lo daños ocasionados por la responsabilidad de la administración, el daño alegado deberá ser efectivo, evaluable económicamente e individualizable, en relación con una persona o un grupo de personas.